Tras la primera semana de audiencias del juicio por el crimen de Blas Correas, la Justicia de Córdoba confirmó que también juzgarán a los tres empleados del Sanatorio Aconcagua acusados de no recibirlo en la fatídica madrugada del 6 de agosto de 2020. Así lo decidió la jueza de control Anahí Hampartzounian luego del pedido del fiscal José Mana.

Se trata de Fernando Gabriel Casalino (42), quien se encuentra imputado por “abandono de persona”, mientras que Guadalupe María Laura Moya (39) y Paola Andrea Mezzacapo (43) lo están por la supuesta “omisión de ayuda”. Los trabajadores administrativos tuvieron diferentes roles en los segundos previos al deceso del adolescente de 17 años.

Es que, tras ser baleados y percatarse que uno de los disparos había impactado en la espalda de Blas, los amigos lo llevaron con urgencia al Sanatorio Aconcagua. Al llegar al lugar, la víctima todavía estaba con vida pero les dijeron que no podían atenderlo allí y que se tenían que dirigir al Hospital de Urgencias, nosocomio al que no pudieron llegar.

“En casos de herida de arma de fuego en la vía pública, el accionar médico, ya sea en centro de baja, mediana o alta complejidad debería brindar asistencia mínima y derivar a un centro de mayor complejidad si fuera necesario”, consideró la letrada a la hora de elevar a juicio el hecho. Por su parte, el fiscal remarcó que “Blas no solo arribó con vida al Sanatorio Aconcagua, sino que se retiró del lugar con signos vitales y en el nosocomio no se le brindó la ayuda necesaria que la ocasión ameritaba para intentar salvarle la vida”.